Las nueve horas que duró ayer la segunda jornada de alegatos acusatorios en la causa “Vialidad” estuvieron centradas en tratar de demostrar que las licitaciones públicas a través de las cuales Lázaro Báez obtuvo el 78,4% de las obras viales de Santa Cruz entre 2003 y 2015, en realidad, fueron “simulaciones”.

Sin la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (es la principal imputada), los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron con minuciosidad cuatro expedientes de concursos públicos en los que empresas del grupo Báez terminaron siendo adjudicatarias de trabajos públicos financiados por la Nación. “La competencia era una ficción”, sostuvieron los miembros del Ministerio Público Fiscal.

Luciani abrió la exposición ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py. Afirmó que para que el grupo Báez fuera beneficiario de las 51 contrataciones que recibió durante las presidencias de Néstor Kirchner y de su esposa “se violaron cada uno de los principios” del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional.

“Hubo un direccionamiento grosero e inadmisible y una falta total de control. Era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía de lo más alto del Poder Ejecutivo”, denunció.

“Está todo en los expedientes. Los expedientes gritan”, sentenció el fiscal.

Casos testigo

El planteo de Luciani consistió en que no se realizaron estudios reales de preadjudicación en 47 de las 51 obras que el Estado le encargó al grupo Báez. Aseveró que los cuatro casos que seleccionaron son prueba de ello. “Las licitaciones eran una ficción”, dijo.

Los “casos testigo” exhibidos por los fiscales fueron:

• La pavimentación de la ruta 238, en el tramo Estancia La Julia - Comandante Piedrabuena.

• La pavimentación de la ruta 81 en Puerto Deseado.

• Obras de repavimentación de la ruta 40 en tramos que atraviesan Santa Cruz.

• Obras de enripiado en tramos de la ruta provincial 9.

En el primer caso, la adjudicataria original fue la constructora Gotti (luego sería absorbida por el grupo Báez), que termina cediéndole la obra a Austral Construcciones.

En el caso de la ruta de Puerto Deseado, se presentaron dos empresas de Báez y una tercera firma ajena al grupo, que según Luciani actuaba “de cortesía”, cuya oferta fue invalidada porque “presentó una garantía incorrecta”, exhibió.

Una metodología similar, según el fiscal federal, se empleó en las otras dos obras: se presentaban dos firmas del grupo Báez, más otra empresa “de cortesía” que realizaba ofertas con montos muy elevados.

La conclusión de los fiscales es que, en los hechos, “Báez competía consigo mismo”.

Un hecho particularmente estridente planteado por Luciani ocurrió específicamente respecto de la “Licitación pública 38/06. Estudio, proyecto y construcción de obras básicas y enripiado de ruta provincial 9 - ruta nacional 3 - ruta nacional 40”.

Cinco días antes de que se abrieran los sobres con las ofertas, la Dirección Nacional de Vialidad anunció que destinaría, exactamente, 238.248.064 pesos para financiar esos trabajos en Santa Cruz. Las empresas de Báez ofrecieron, específicamente, 238.248.064 pesos. Según Luciani, resulta evidente que el empresario conocía de antemano el monto que iba a consignar Vialidad Nacional.

Beneficios ilegales

La segunda parte de los alegatos estuvo a cargo de Mola, quien habló de un esquema ilegal de beneficios en favor de Báez. “Le adjudicaban anticipos de obras por montos millonarios, había retrasos irracionales en los plazos de las obras, y nadie hacía reclamos”, cuestionó.

Mola sostuvo que las presuntas irregularidades eran de tal magnitud que Sergio Acevedo renunció como gobernador de Santa Cruz en 2006 “por haberse negado a firmar cuestiones de obras públicas en su provincia”. Oficialmente, Acevedo alegó “razones personales” en su dimisión.

Mola puntualizó que Báez utilizó el mecanismo de la Unión Transitoria de Empresas para quedarse con las obras, porque así suplía la falta de capacidad de contratación. Describió que la empresa de Báez contaba con el 10% de los aportes a la UTE, pero una vez que obtenían la adjudicación de una obra, los trabajos eran transferidos por completo a Austral Construcción, la empresa del “amigo presidencial”, sostuvo Mola. Esto ocurrió, puntualizó, con las obras para las rutas nacionales 3 y 40. Afirmó, en otro tramo, que Báez era “el socio comercial” de Néstor Kirchner.

El cierre estuvo a cargo de Luciani, quien sostuvo que el grupo Báez resultó adjudicatario de dos obras “que no tenían presupuesto”. “Cuando Báez resultó adjudicatario, aparecieron los fondos”, consignó.

La tercera audiencia será tendrá lugar el próximo viernes.